A raíz de la paralización que provocó en la actividad petrolera la cuarentena para frenar al coronavirus y la baja del barril de crudo, las cámaras empresariales que nuclean a las compañías de los distintos segmentos del negocio hidrocarburífero (productores, refinadores, proveedores de servicios y estacioneros) presentarán al gobierno la apertura de un procedimiento preventivo de crisis que abarque a todos los trabajadores en relación de dependencia de las empresas que la integran. La medida podría afectar a más de 100 mil empleados del sector.
Cada cámara le va a enviar al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, una carta solicitando el inicio del procedimiento, como parte de una estrategia coordinada que involucra a la Cámara Argentina de la Energía (CADE), la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de proveedores de servicios petroleros y las distintas cámaras de estacioneros, como la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA), la Cámara de Expendedores de GNC (CEGNC), la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) y la Confederación de entidades de comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA)
EconoJournal accedió al borrador de uno de esos textos, donde se detalla que la declaración de emergencia pública forzada por la pandemia mundial “implicó a la fecha una contundente caída en la actividad económica con su consiguiente impacto negativo inmediato en el consumo de petróleo y gas en todo el país”. El freno de la actividad y las restricciones en la circulación llevaron a que la demanda de naftas se derrumbara en los últimos días entre 70% y 80%, mientras que el derrumbe de gasoil supera el 50%.
Por otro lado, en las cartas se resalta la fuerte caída que registró el precio del barril de crudo Brent que permanece en torno a los 25 dólares. “Ese precio torna inviable cualquier proyecto de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, ya sean de tipo de convencional o no convencional”, aseguran las cámaras.
En los pedidos también se recuerda que cuando se derrumbó el precio del crudo en 2008, el Ministerio de Trabajo había ordenado la apertura de un procedimiento preventivo de crisis en las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza, pese a que aquella crisis había sido de menor magnitud con respecto a la situación actual.
El procedimiento preventivo de crisis está contemplado entre los artículos 98 y 105 de la ley 24.013 votada por el Congreso Nacional en 1991 por impulso del entonces presidente Carlos Menem. Lo que dice básicamente la ley es que si el personal va a ser afectado por despidos o suspensión masivas, se debe iniciar un procedimiento preventivo ante la autoridad de aplicación. Este mecanismo tiene como finalidad principal tratar de preservar la actividad.
Lo que debe hacer el empleador es proponer medidas encaminadas a superar la crisis. Una vez efectuada la presentación ante el Ministerio de Trabajo, este debe evaluar si el pedido está justificado. De ser así, el empleador queda habilitado para reducir el costo laboral, ya sea avanzando con despidos con indemnización reducida, suspendiendo tareas o reduciendo horas de trabajo. No obstante, la finalidad del procedimiento no es validar automáticamente suspensiones o despidos sino brindar un ámbito de negociación entre las partes.
De hecho, las cámaras solicitan en sus cartas que se le corra traslado a las distintas entidades sindicales que representan a los trabajadores. Fuentes sindicales confirmaron a EconoJournal que están al tanto del pedido y que el objetivo es montar un ámbito de negociación para alcanzar una solución de manera conjunta.