Tal como estaba estipulado en el último acuerdo salarial, ayer se reunieron las Cámaras empresarias con representantes del sindicato de trabajadores para analizar el impacto del incremento del costo de vida en el poder adquisitivo de los operarios del sector.
A poco menos de un mes de haber acordado la escala salarial para lo que resta del año y los primeros meses de 2021, ayer estacioneros y sindicalistas volvieron a reunirse de manera virtual ante funcionarios del Ministerio de Trabajo.
El motivo: Revisar el impacto del incremento del costo de vida en el poder adquisitivo de los empleados del sector. El encuentro estaba estipulado dentro de una de las cláusulas de los convenios suscriptos, que establecieron un 12 por ciento de aumento, segmentado en tres cuotas iguales durante agosto, septiembre y octubre, además de incorporar al básico los $4000 que fueron otorgados a principios de año.
La ronda de negociaciones comenzó con CECHA y más tarde lo hicieron FECRA, CeGNC y AES. La jornada fue cerrada por la Federación de Entidades de Combustibles.
A cada una de las instituciones empresarias, los representantes gremiales le expusieron el mismo reclamo: Un 20 por ciento adicional a la cifra pactada oportunamente, debido al deterioro que provocó la suba generalizada de precios en los salarios.
Los expendedores por su parte, escucharon el pedido sin emitir declaraciones. Por esa razón, los funcionarios propusieron una nueva fecha para la paritaria. Esta vez será el 17 de diciembre.
Vale recordar que la venta de combustibles en Estaciones de Servicio fue una de las actividades más perjudicadas por la pandemia tras las medidas de gobierno para evitar la propagación de los contagios. De acuerdo a informes públicos y privados, durante los primeros meses, los volúmenes de expendio cayeron al 20 por ciento de los niveles pre Covid para recuperarse progresivamente a un 75 por ciento.
Según explican especialistas económicos, el 85 por ciento de los negocios no llega a cubrir sus costos operativos y un 67 por ciento se encuentra trabajando a pérdida. “3 de cada 5 estaciones corren serios riesgos de cerrar sus puertas si la situación no mejora”, afirman.
A pesar de ello, la suba promedio de los haberes del personal para todo el período que va desde el 1º abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 fue del 21,4 por ciento.
YPF aplicó incremento del 4.5% promedio y del 6% en el AMBA. Le siguió el resto de las compañías con alzas de hasta un 6,8%.
YPF ajustó los precios de los combustibles un 4,5% promedio y, como era previsible, el resto de las compañías siguieron por el mismo camino.
La petrolera de mayoría estatal siempre es punta de lanza a la hora de actualizar los surtidores: controla casi 60% de las ventas totales del país y marca una referencia en el sector. Si sus competidoras no siguen los pasos, pueden quedar desfasadas y pierden mercado de inmediato. Hoy más que nunca, los consumidores eligen producto por el precio.
En el AMBA los precios de YPF subieron 6%. El litro de nafta súper llegó a $56,68 y el de Infinia a $65,39. Neuquén, principal productora de hidrocarburos, es la provincia con la nafta más barata del país: $48,41 el litro.
Raizen, que administra las 700 bocas de expendio Shell, ajustó hasta 6,8% sus versiones de nafta y gasoil en el área metropolitana. La súper ya se vende a $57,68 y la V-Power a $66,73. Axion (PAE) y Puma (Trasfigura) aplicaron aumentos similares.
Para Gabriel Bornoroni, titular de Cecha, que representa a 4.800 estaciones de todo el país, el ajuste busca apuntalar a YPF, pero también al resto de los jugadores del sector. “Los aumentos los definen las petroleras. Como dijo el presidente de YPF (Guillermo Nielsen) para poder seguir con el autoabastecimiento son necesarias las inversiones y en esa línea está trabajando el Gobierno. En el segundo trimestre perdió $85.000 millones y lo único que hace es vender combustibles. Está claro que la venta le produce pérdida y no ganancias. Pero así están todas las petroleras”, señaló ante la consulta de Ámbito.
Vicente Impieri, de FECRA, lo consideró “necesario” para la reactivación pospandemia. “Primero para recomponer las finanzas de la petrolera nacional, actor clave para reactivar las inversiones en Vaca Muerta y toda la industria hidrocarburífera, y segundo, para no desbalancear al mercado local, asegurando el abastecimiento para nuestras estaciones y consumidores”, dijo.
Pero los estacioneros también aprovecharán este incremento para sentarse a negociar paritarias con los sindicatos. “En este contexto de caída de ventas nos sería imposible dar un incremento salarial a nuestros empleados”, alertó Impieri.
El cordobés Bornoroni remarcó que las ventas en estaciones a nivel nacional siguen 30% abajo de la prepandemia y que la situación es compleja, de crisis. “La petroleras dijeron que el atraso era del 12%, por lo cual sigue habiendo un retraso del 7,5%, que tiene razón en el dólar y la inflación”, agregó.
En 2019 la nafta súper -de referencia para las estadísticas- trepó 43% versus 53,8% de inflación que midió el INDEC. El anterior ajuste ocurrió el primero de diciembre pasado. Hasta julio, la inflación oficial acumula una suba del 15,8%. En ese mismo período el dólar oficial minorista escaló de $62,93 a $76,27, un 21,2%, mientras que el tipo de cambio mayorista pasó de $59,98 a $72,26, un 20,5%.
En el Gobierno se resistían al ajuste. En un principio se pensó en una suba de 7% promedio para YPF, luego se redujo a 5% y finalmente fue de 4,5%. Saben que cualquier movimiento en los surtidores impacta directo en el costo de vida de los argentinos. Y en plena pandemia lo que menos buscan es afectar el bolsillo y las economías familiares.
Las petroleras evitan hablar de atrasos y porcentajes, pero recordaron que venden en pesos, con precios casi congelados, y que utilizan como insumo principal el petróleo, que cotiza en dólares. “El barril fue fijado artificialmente en u$s45 para el mercado interno, aún cuando en el mundo no llegaba a los u$s30, a raíz de la caída de su demanda por la pandemia. El precio del dólar mayorista aumentó más de 20%. El Gobierno aumentó en marzo los impuestos a los combustibles sin permitir trasladar ese aumento a los precios. Y la inflación entre diciembre y julio de este año fue del 18,4%. Panorama difícil de sostener”, remarcaron.
Para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, las entidades empresarias CECHA, FECRA, AES, CeGNC y FEC, suscribieron con el sindicato de empleados de la actividad un incremento en dos cuotas de 7 por ciento cada una durante los meses de enero y febrero.
Los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos correspondientes a CECHA (371/03), AES (317/99), CeGNC (415/05), FECRA (521/07) y FEC (488/03), cobrarán un aumento adicional para compensar la caída del poder adquisitivo a causa de la inflación.
Así lo acordaron las entidades empresarias junto al sindicato de empleados de Estaciones de Servicio, durante la negociación paritaria realizada durante el día de ayer, de manera virtual en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
El arreglo alcanzado entre las partes establece otorgar al personal un 7 por ciento en enero y otro porcentaje similar en febrero (computados con los haberes de marzo 2020). Ambos serán de carácter no remunerativo y pasarán a integrar parte del sueldo al mes siguiente.
También se convino mantener los alcances del Decreto 223/20 durante los tres primeros meses del año. El mismo contempla la aplicación de suspensiones al personal abonando una suma no remunerativa en contraprestación.
Vale recordar que empleados y estacioneros celebraron hace poco más de un mes un acuerdo por el cual primeros recibieron un 12 por ciento de aumento, segmentado en tres cuotas iguales durante agosto, septiembre y octubre, además de incorporar al básico los $4000 que fueron otorgados a principios de año en concepto de “incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado”.
De esta manera, con la suba pactada ayer y en un 2020 signado por una crisis económica sin precedentes a causa de la pandemia, los salarios promedio total para todo el período que va desde el 1º abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, lograron escalar 35,4 por ciento.
Desde Edenred, empresa que ofrece el servicio a través de su plataforma Ticket Car, aseguran que los ahorros podrían llegar hasta el 30 por ciento en cantidad de litros de combustibles.
En estos momentos la provincia de Buenos Aires está evaluando propuestas de distintos proveedores para implementar un sistema de control en cargas de combustibles y lubricantes para los vehículos de la administración bonaerense, los organismos descentralizados y autárquicos y empresas públicas.
La jurisdicción tiene un gasto anual en combustibles de 1.900 millones de pesos. El gobernador Axel Kicillof apuesta a extremar los controles para reducir el margen en un 30 por ciento.
La FECRA (Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina) alcanzó a la gobernación una propuesta con el sistema Ticket Car. “Hace más de 15 años que estamos operando con esta solución que nació en Argentina, todo con plataformas propias que desarrollamos y vendemos en distintas partes del mundo”, confía a surtidores.com.ar, Matías Varone, gerente de Marketing de la firma.
El ejecutivo señala que este servicio es cada vez más demandando, tanto en el sector privado como público. Teniendo en cuenta el nuevo desafío de la Provincia de Buenos Aires, comenta: “En lo que es la administración pública contamos con varios casos de éxito”.
Varone indica que entre sus proveedores están San Juan, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén. “Hay muchos municipios que ya tienen la experiencia de trabajar con Ticket Car y alcanzaron un ahorro real de combustibles, que de eso se trata”, enfatiza.
Los ahorros que se puedan producir “dependen mucho del punto de partida del cliente”, señala y explica: “La diferencia es el método que estemos reemplazando: si reemplazamos una cuenta corriente, si es un voucher, alguna otra tarjeta de control de combustible”.
En ese sentido, cuenta que para clientes que utilizan medios analógicos (que son manuales y están menos digitalizados), donde el fraude es más permeable, llegaron a registrar ahorros en litros de combustibles de hasta un 30 por ciento.
En cambio, en casos donde ya se utilizaban otras tarjetas de control de combustible y los clientes decidieron reemplazarlos por la tecnología Ticket Car los ahorros fueron de entre un 9 y 11 por ciento de litros de combustibles, precisa Varone.
“Garantizamos que haciendo buen uso del sistema se pueden generar ahorros significativos”, resalta.
COMO OPERA
El gerente de Marketing de Edenred cuenta que el sistema opera con todas las petroleras. “Somos la única solución multibandera, porque no somos una petrolera, sino que tenemos una red de Estaciones de Servicio habilitadas y la flexibilidad de ir incorporando otras a medida que nuestros clientes lo requieren”, destaca.
Explica que el proceder es simple. El sistema Ticket Car cuenta con un sticker, como el del pase del peaje, que se pega en el parabrisas mediante el cual se realiza la carga de combustible. Este sticker o calco se denomina NFC.
El playero, con un aparato POS (terminal) no bancario exclusivo para la gestión de Ticket Car, lee el NFC adherido al parabrisas al momento de efectuar la carga. “Eso garantiza la presencia del vehículo en la playa, marcando una diferencia con lo que puede ser ir a cargar con una tarjeta”, diferencia Varone.
Detalla que a partir de ese sistema cada vehículo ya tiene predestinada una configuración de carga: “Por ejemplo, se ordena que un vehículo pueda operar sólo de lunes a viernes, o días específicos de la semana; con la carga de un tipo de combustible y no de otros; cantidad de litros específica, de acuerdo a su capacidad de tanque; y la identificación de cada conductor con su clave y contraseña”.
“Con todo esto se garantiza mejorar el uso de los recursos del Estado o de empresas privadas”, destaca Varone al tiempo que asegura que todo este proceso dura menos de un minuto a la hora de realizar una carga.
Al ser servicio esencial, quedaron excluidas de la asistencia que dispuso hoy el Gobierno.
Los dueños de estaciones de servicio ya están en alerta y pidieron ser incluidos en el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria” para poder pagar los sueldos de marzo y de abril.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 332/2020, que firmó esta tarde el presidente, Alberto Fernández, estableció esta ayuda para las empresas en crisis por la cuarentena, pero exceptuó del beneficio a todas las firmas de servicios esenciales, que pudieron mantener su actividad y circular con normalidad desde el viernes 20 de marzo. blob:https://test.fecra.com.ar/e55f5a61-8f2c-4e7f-8f7b-445797fbb75ablob:https://test.fecra.com.ar/e55f5a61-8f2c-4e7f-8f7b-445797fbb75ablob:https://test.fecra.com.ar/e55f5a61-8f2c-4e7f-8f7b-445797fbb75ablob:https://test.fecra.com.ar/e55f5a61-8f2c-4e7f-8f7b-445797fbb75ablob:https://test.fecra.com.ar/e55f5a61-8f2c-4e7f-8f7b-445797fbb75a
Entre ellos están los dueños de las estaciones de servicio y sus empleados. Los Expendedores Unidos declararon que la situación es “extrema” y que no llegan “ni a cubrir los costos operativos mínimos”.
Es que perdieron hasta el 80% de sus ingresos por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el derrumbe de más de un 80% en las ventas de combustibles (naftas, gasoil y Gas Natural Comprimido -GNC-).
Las estaciones de servicio perdieron el 80% de las ventas de combustibles y no llegan a cubrir los costos operativos. Emplean a 60.000 personas en todo el país
La Confederación de Entidades de Hidrocarburos y Afines (Cecha) junto a la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), la Cámara de Expendedores de GNC (CEGNC), la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) y la Asociación de Operadores de YPF (AOYPF y representan más de 4800 estaciones de servicio en todo el país, que generan unos 60.000 empleos.
Es por esto que al conocer que serían exceptuados de los beneficios del programa de asistencia a empresas, pusieron el grito en el cielo.
Las estaciones de servicio fueron excluidas de la posibilidad de percepción de seguros de desempleo y reducción de cargas patronales.
También quedaron afuera del beneficio de postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la percepción del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) Asistencia por la Emergencia Sanitaria.
“Necesitamos un gesto del Gobierno. Sin las estaciones de servicio los camiones, ambulancias, y autos del sistema de salud no podrían cumplir con sus servicios esenciales. Al igual que el resto de las pymes, esto nos pone en una situación crítica, hay muchas estaciones que están en rojo , dijo Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha y dueño de puestos de expendio en Córdoba.
Además, se quejó de que el ASPO “trajo una caída estrepitosa de más del 80% en las ventas; es como si estuviéramos cerrados pero tenemos que seguir operando .
Bornoroni también recordó que los precios de los combustibles tuvieron variaciones mínimas en los últimos 8 meses, desde la devaluación de la PASO, mientras los costos fueron trepando y la rentabilidad neta se les desplomó.
Aunque la iniciativa no cuenta con el respaldo del gobernador bonaerense Kicillof, la bancada oficial siguió adelante con el proyecto de La Cámpora, el cual ahora deberá ser tratado en el Senado. Malestar en la cámara de estacioneros.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de Ley para que la administración pública y los organismos descentralizados utilicen exclusivamente combustibles y lubricantes de la compañía YPF. La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque, Facundo Tignanelli, que pertenece a La Cámpora, agrupación que forma parte del Frente de Todos. El avance del proyecto sorprendió a los estacioneros, ya que a fines de octubre el gobernador Axel Kicillof había tomado distancia de la iniciativa y le había prometido a la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) que no avalaba el proyecto. También genera preocupación en compañías refinadoras como Axion Energy, Raízen (Shell) y Trafigura (Puma).
Los estacioneros habían manifestado su rechazo a la iniciativa por el impacto que iba a provocar en las aquellas estaciones de servicio que comercializan otras marcas, justo en un momento en que las empresas del sector, en su inmensa mayoría pymes, vienen siendo jaqueadas por una fuerte caída de la demanda provocada por la pandemia. “El gobernador entendió la problemática del sector planteada por FECRA y solicitó la ayuda de la Federación para colaborar en un plan integral para poder reducir el gasto anual en la compra de combustibles por parte de la provincia”, aseguró FECRA en un comunicado distribuido luego de la reunión que mantuvieron el pasado 28 de octubre.
Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires aseguraron en ese momento a EconoJournal que el objetivo oficial era coordinar una iniciativa destinada a evitar abusos en la compra de combustible por parte de organismos del Estado. Por ejemplo, buscan que los policías carguen combustible solo en los vehículos autorizados y no que un comisario cargue nafta en su auto particular y ese gasto termine siendo absorbido por el Estado Provincial. Con ese objetivo, estuvieron trabajando junto a YPF para poner en marcha “YPF en ruta”, una iniciativa consistente en instalar códigos QR en todos los vehículos autorizados para cargar combustible.
Lo que les pidió Kicillof a los estacioneros en aquella reunión es que elaboren una propuesta junto al resto de las refinadoras para avanzar en esa misma dirección. Sin embargo, La Cámpora siguió adelante con su proyecto y ahora logró media sanción, pese a las diferencias que expresó el gobernador. Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el Senado y en la industria confían en que la cámara alta pueda ponerle freno.
El articulado del proyecto
En concreto, el texto señala en el artículo 1 que “la administración pública provincial, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
En el artículo 2 añade que los contratos vigentes de provisión de combustibles con otras compañías que no sea YPF “deberán respetarse hasta la finalización del período originario del contrato. La administración no podrá hacer uso de la opción a prórroga que se hubiese previsto en los mismos”.
Los artículos 3 y 4 afirman que el pago del servicio de provisión a YPF se realizará mediante una tarjeta del Banco Provincia de Buenos Aires y, además, que el gobierno bonaerense será el encargado de fijar una autoridad de aplicación que “deberá confeccionar un convenio interadministrativo modelo, que deberá adecuarse a las necesidades de cada entidad contratante”.
Fundamentos
El proyecto se respalda en la Ley 26.741 de mayo de 2012 donde se declaró de interés público nacional “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social”.
La iniciativa, ahora con media sanción, remarca que “esta Ley no sólo sirve al desarrollo en materia de energía, sino que también a la contratación entre entidades que revisten naturaleza pública importan un uso más eficiente de los recursos públicos”.
También subraya el antecedente del decreto 1189 de 2012 firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “donde se dispone que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deben contratar con YPF la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves”.
Rechazo de estacioneros
La entidad FECRA rechazó mediante un comunicado la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense. «Nos sorprende que cuando nos reunimos junto con el secretario general del SOESGYPE, Carlos Acuña, con el gobernador Axel Kicillof a fin de octubre, nos dejó muy en claro que este proyecto de ley no contaba con su respaldo y de hecho, nos pidió que canalicemos las propuestas alternativas que el mercado tiene para ahorrar en la compra de combustibles a través de su subsecretario de Energía, Gastón Ghioni», señala el texto de la cámara, que también informó que presento propuestas alternativas como «Axion Card, Shell Flota, Ticket Car – Edenred, con ahorros concretos de hasta 40% en el gasto oficial en combustibles».
FECRA también advierte que el proyecto «perjudica directamente a todo el resto de operadores de estaciones de servicio que no son YPF y que son mayoría en la provincia. Según datos de la Secretaría de Energía, de las 1.700 estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires, 1.230 son de marca Shell, Axion, DAPSA, PUMA, Gulf y estaciones sin bandera (las llamadas “blancas”), de mucha raigambre local. Estas últimas suman 464 en todo el territorio bonaerense. Se les priva, sin un argumento claro, de un gran cliente como es el estado bonaerense y sus organismos descentralizados».
La iniciativa obtuvo ayer media sanción y prevé que policías, bomberos y es cuestionada por la cámara de estaciones de servicio
En la última sesión especial del año, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley para que la administración pública y los organismos descentralizados utilicen exclusivamente combustibles y lubricantes de la compañía estatal YPF.
La iniciativa señala en su artículo 1ro: “La administración pública provincial, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
El proyecto de Facundo Tignanelli, jefe del bloque del Frente de Todos, sorprendió a la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), ya que a fines de octubre el propio gobernador Axel Kicillof les había prometido que no avalaría el proyecto.
Los estacioneros renovaron su rechazo a la iniciativa por el impacto que puede provocar en las aquellas estaciones de servicio que comercializan otras marcas, en momentos en que las empresas del sector (la mayoría pymes) vienen sufriendo una fuerte caída de la demanda provocada por la pandemia de coronavirus.
“Nos sorprende que cuando nos reunimos junto con el secretario general del SOESGYPE, Carlos Acuña, con el gobernador Axel Kicillof a fin de octubre, nos dejó muy en claro que este proyecto de ley no contaba con su respaldo y de hecho, nos pidió que canalicemos las propuestas alternativas que el mercado tiene para ahorrar en la compra de combustibles a través de su subsecretario de Energía, Gastón Ghioni”, señalaron desde FECRA.
Los estacioneros recordaron que le presentamos al funcionario bonaerense tres propuestas concretas que ya trabajan exitosamente con gobiernos provinciales y municipales con ahorros concretos de hasta 40% en el gasto oficial en combustibles.
“Nos fuimos de esas reuniones con la promesa de que cada organismo público contrataría la opción más conveniente, respetando la libre competencia en un mercado que ya funciona y sin necesidad de un proyecto de ley voluntarista. Por todo esto, ante la media sanción de anoche, esperamos que el gobernador honre su palabra y que el Senado bonaerense entienda el serio daño que este proyecto causa a todo el sector de estaciones de servicio”, añadieron en el comunicado al que tuvo acceso Infobae.
Según los estacioneros de FECRA, el proyecto “perjudica directamente a todo el resto de operadores de estaciones de servicio que no son YPF y que son mayoría en la provincia”.
Según datos de la Secretaría de Energía, de las 1.700 estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires, 1.230 son de marca Shell, Axion, DAPSA, PUMA, Gulf y estaciones sin bandera (las llamadas “blancas”), de mucha raigambre local. Estas últimas suman 464 en todo el territorio bonaerense. “Se les priva, sin un argumento claro, de un gran cliente como es el estado bonaerense y sus organismos descentralizados”, justificaron.
Desde las cámara recordaron además las estaciones de servicio son PYMES. “Las empresas petroleras son dueñas sólo el 10% de las estaciones, el resto está en manos de terceros operadores/franquiciados que todos los meses pagan los sueldos de sus empleados y contribuyen con sus impuestos”, concluyeron.
Si bien la iniciativa apunta al territorio bonaerense, la preocupación de los estacioneros es que siente un precedente a nivel nacional. El gobernador incumplió su promesa, La Cámpora siguió adelante con su proyecto y ahora logró media sanción. Ahora habrá que ver qué hace el Senado bonaerense.
La Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) remarcó que combustible no va a faltar, porque el abastecimiento está garantizado por las petroleras. No tiene sentido hacer filas”, aconsejan en medio de la cuarentena.
En el marco de la cuarentena decretada por el Gobiernopara frenar el contagio del coronavirus , el sector de estaciones de servicio garantizó el abastecimiento de combustibles y sostuvo que “no tiene sentido hacer filas para llenar” el tanque.
En un comunicado, Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) remarcó que las petroleras garantizaron el abastecimiento de naftas y gasoil y pidieron a los automovilistas particulares “no exponerse innecesariamente a un posible contagio” por querer cargar combustible.
“No tiene sentido hacer largas filas para llenar el tanque. Además, es necesario que seamos solidarios y que los servicios esenciales como ambulancias, bomberos, médicos, tengan prioridad para cargar combustibles”, enfatizaron.
Además, indicaron que las estaciones mantendrá sus horarios habituales de atención, los 7 días de la semana, en cumplimento a la orden del Gobierno de mantener “guardias mínimas” con menos personal en la atención al público para “preservar también a los empleados”, aclararon.
Las tiendas y minimercados de las estaciones de servicio seguirán abiertas para el despacho y venta de productos, aunque cerrarán los salones y comedores por lo que señalaron que los usuarios “no podrán sentarse ni consumir en el lugar”.
“Les pedimos a nuestros clientes que para colaborar con la protección de nuestros empleados, no desciendan de los autos al momento de cargar combustibles líquidos. Sí es obligatorio hacerlo en el caso de la carga de GNC, pero en estos casos pedimos mantener un mínimo de 1 metro de distancia con el playero“, recomendó la entidad que preside Vicente Impieri.
Vicente Imperi, titular de la FECRA cuestionó la normativa presentada por el Frente de Todos y aseguró que beneficia a fondos extranjeros.
El titular de la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA), Vicente Imperi, expresó su rechazo al proyecto de ley que buscaría beneficiar a YPF y consideró que “afecta a más 2.200 estaciones de servicio de la provincia”.
El proyecto del Frente de Todos que este martes obtuvo media sanción en la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires obliga a la administración pública provincial, los organismos descentralizados y autárquicos más las empresas públicas a comprarle exclusivamente el combustible a YPF.
“Nosotros operamos las estaciones de servicio y nos vamos a ver restringidos en una venta que no podemos hacer por una ley que consideramos que es ilegal y que va en contra de la ley de competencia”, aseguró Imperi, al tiempo que remarcó que “Shell, Puma, Axion, Blancas, son operadas por pymes”.
Además, en declaraciones a Radio Mitre, el titular de FECRA explicó que mantuvieron una reunión con el gobernador Axel Kicillof en la que le manifestaron su preocupación al respecto y aseguró que este último “entendió perfectamente”.
“Inclusive terminó la charla con que nosotros íbamos a enviar una propuesta para reducir el costo de combustibles. A través de su secretario de transporte le hemos llevado 4 propuestas”, detalló.
En ese sentido, remarcó que el objetivo de la entidad es “hacerle entender” que la normativa es “contradictoria porque YPF no es del Estado, sólo tiene un 51% estatal y un 29% de fondos extranjeros”.
Y agregó: “Están beneficiando a fondos extranjeros más que a nosotros que invertimos en el país y además damos trabajo a familias. No nos parece justo”.
La Secretaría de Energía publicará en las próximas horas la resolución 447 que especifica la asignación de volúmenes de gas para cada productor y distribuidora. Es un paso ineludible para que petroleras y gasíferas puedan firmar los contratos de gas de 2021. También aclara distintos puntos en la implementación del programa.
El gobierno publicará en las próximas horas la resolución 447/2020, que lleva la firma del secretario de Energía, Darío Martínez. La norma, a la que accedió EconoJournal, especifica las asignaciones de los volúmenes de gas que deberá inyectar cada productor y recibir cada distribuidora. Es un paso técnico ineludible para que las petroleras y empresas gasíferas puedan firmar los contratos de compra-venta de gas que estarán vigentes a partir del 1° de enero de 2021 bajo el encuadre del Plan Gas 2020-2024.
Con la resolución, que cuenta con dos anexos, la Secretaría de Energía también aclara algunos puntos e implementa algunos cambios menores en el decreto 892/2020, que creó el programa de estímulo.
En esa lista figuran:
Se reemplazará el anexo de la Resolución 391 del 15 de diciembre pasado para que sean ostensibles todos los decimales de las ofertas realizadas en la subasta. Fue un pedido de algunas empresas, entre ellas la francesa Total, que pidieron que se tengan en cuenta los tres decimales presentados en la oferta porque si sólo se contemplaban dos (como había decidido originalmente Energía) perdían posiciones en el orden de mérito que determinará el despacho.
Se definirá la situación del segmento GNC, que preocupaba especialmente a los estacioneros. Se estableció que, en lugar de tener que comprarle el gas a cada productor, como estaba establecido en la regulación original, el suministro de GNC estará a cargo, de manera transitaria por tres meses, de la estatal IEASA (ex Enarsa), al menos en el norte del país. Se descuenta que será a precio subsidiador. “Es una decisión positiva. No nos ahogamos y nos da tiempo para negociar con los comercializadores y productores de gas. Había preocupación por cómo iba a ser la transición”, indicó una fuente de Fecra. Concretamente, la resolución afirma: “Instrúyese a la empresa IEASA para que, en forma transitoria y durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, contrate en forma directa” para abastecer de Gas Natural Comprimido (GNC).
Se incluirán cambios menores en el borrador del contrato con distribuidoras y se ratifica que se pagarán en pesos. “El precio del gas objeto de la oferta será en pesos por metro cúbico (m3) y será, en cada momento, el precio en cuadros tarifarios vigente conforme a la definición”, indica el texto. Y agrega: “la obligación de pago del precio del comprador será igual al monto de aquella porción del precio ofertado que el Estado Nacional decida incluir en los cuadros tarifarios”.
“La falta de pago en término hará incurrir al comprador en mora automática, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa”, indica la resolución. A partir de la mora se devengará un interés del 150% de la tasa de pizarra promedio del Banco Nación para plazos fijos en pesos a 30 días.
Se regula un mecanismo de pago para las distribuidoras: “las distribuidoras y las subdistribuidoras de gas natural por redes deberán depositar en una cuenta bancaria las sumas que perciban mensualmente correspondientes al concepto de gas del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”.
